La Historia de la Humanidad
es la historia de la estupidez Humana.

26 de octubre de 2018

¿De qué sirve la denuncia a Venezuela ante la Corte Penal Internacional?


El 27 de septiembre de 2018, los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Posteriormente, a esa denuncia se han sumado los gobiernos de Francia y Costa Rica. Entonces, la pregunta que interesa es: ¿La CPI podría enjuiciar a Maduro?

La respuesta es: poco probable, y ya hay antecedentes. En el año 2009, la Fiscalía de la CPI acusó a Omar al-Bashir por cargos de genocidio y crímenes de guerra cometidos en la región de Darfur y emitió una orden de detención en su contra. Casi diez años después, al-Bashir todavía sigue siendo el Presidente de Sudán.

Eso quiere decir que una denuncia ante una corte internacional tiene pocas posibilidades de prosperar frente a un mandatario en ejercicio. De hecho, de todos los casos tratados por la CPI, al-Bashir y Nicolás Maduro son los únicos mandatarios investigados mientras aún ejercen funciones. Desde entonces, al-Bashir se ha visto limitado en los viajes al extranjero. En el año 2015, al-Bashir tuvo que abandonar apresuradamente Sudáfrica, cuando asistía a una cumbre de la Unión Africana, para evadir la orden de un juez local que acordó su arresto para cumplir con la decisión de la CPI. Desde entonces, el mandatario sudanés ha evitado su captura y ha seguido viajando, principalmente a lugares de África y Asia.

Viendo lo sucedido con el caso de al-Bashir, una denuncia contra el mandatario venezolano podría tener la consecuencia no deseada por la oposición: la continuidad de su mandato. ¿Tú te atreverías a abandonar el poder sabiendo que corres el riesgo de ser apresado? La respuesta es bastante evidente, y sólo anima al gobernante en funciones a atornillarse en su cargo por lo que le queda de vida. Lo único en que estaría limitado sería en los viajes internacionales, visitando únicamente países aliados.

También es necesario entender la naturaleza misma de la CPI, que no es un tribunal cualquiera, no enjuicia a cualquiera ni por cualquier cosa. En primer lugar, es importante entender que, a diferencia de las tribunales internacionales de derechos humanos, la responsabilidad no recae sobre los Estados sino sobre los individuos (y la cadena de mando), por lo que es incorrecto hablar de una denuncia contra Venezuela, sino contra los altos funcionarios del gobierno venezolano. En segundo lugar, los crímenes que puede conocer la Corte se encuentran limitados a los señalados en el artículo 5 del Estatuto de Roma, que son: el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y -el poco definido- crimen de agresión. Entre ellos, las acusaciones a Maduro se enmarcan en los crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, la CPI deberá analizar si los hechos ocurridos en Venezuela son lo suficientemente graves como para ser tratados por ella, en tanto que "la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto" (Art. 5 del Estatuto de Roma). Es decir, no hay una garantía de que se inicie un juicio contra Maduro, si los hechos no son considerados de gran trascendencia internacional.

Por ello la importancia de las denuncias colectivas de varios países contra los funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano, una suerte de demostración de la "trascendencia para la comunidad internacional". En realidad, es un hecho inédito que un Estado solicite a la CPI una investigación de una o un grupo de personas. Además de ello, la solicitud de investigación contra Venezuela se fundamenta, entre otros elementos, en tres informes sobre violaciones a los derechos humanos en ese país elaborados por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Todo esto tendría la intencionalidad de apresurar un procedimiento que puede durar muchos años, como ha ocurrido con el proceso sobre el conflicto interno de Colombia que se encuentra en esa etapa desde 2004. De hecho, es de considerar que la Fiscalía de la CPI ya abrió, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.

Hay una razón por la que anteriormente ningún Estado había denunciado a alguien ante la CPI, y es que ahora Caracas tiene la posibilidad de "actuar en represalia" y recurrir al mismo artículo 14 del Estatuto de Roma para remitir ante la CPI supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en países demandantes. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Venezuela puede promover la atención del caso referido con anterioridad; en cuanto a Chile, por ejemplo, el Comité contra la Tortura de la ONU ha llamado la atención a sus autoridades por episodios de violencia contra miembros del pueblo mapuche; Argentina todavía tiene muy fresca en la memoria la muerte de Santiago Maldonado, activista social muerto en circunstancias muy cuestionables y al que se cree responsable la policía; y así sucesivamente puede ocurrir con Perú, Paraguay, Costa Rica, Francia y Canadá, porque no existen países "santos" (Ni aunque su presidente se apellide así). Esta situación evitará que otros países se sumen a la demanda. Un país que nunca se sumaría es EE.UU, dado que no forma parte del Estatuto de Roma y, más bien, ha sido tradicionalmente crítico a la CPI.

Así, este caso crearía precedentes bastante notorios. Algunos son de la opinión que, al existir una denuncia formal por parte de Estados miembros, la Fiscalía debe abocarse prontamente a actuar; pero, si ello ocurre, podrían aumentar las denuncias de un Estado a otro, algunos por graves sucesos y otros no tanto, lo cual vendría en detrimento del trabajo de la CPI. Así, en lo personal, dudo que el criterio "investigar inmediatamente denuncias presentadas por Estados" vaya a tener preponderancia para la Corte.

Las consecuencias más graves de esto para el gobierno venezolano vendrían en otro sentido. Si lo que se pretende es "salir del gobierno", la denuncia ante la CPI no lograría ese objetivo; sin embargo, si lo que se pretende es "enlodar al gobierno", tendría más probabilidades de éxito. Una orden de aprehensión de la CPI contra el alto gobierno vendría a demostrar la tesis de la dictadura, que a su vez justificaría más sanciones contra el país y, en el más extremo y poco probable de los casos, una intervención militar.

Todo esto viene enmarcado en las tesis de algunos grupos de la oposición que creen que la salvación viene de afuera, que todo ocurrirá mágica e inmediatamente y sin ningún tipo de dialogo o negociación... Por más que la lógica apunte a lo contrario. Mientras tanto, en lo interno del país, quedamos como al principio.

28 de septiembre de 2018

A Dios rogando y con el mazo dando


Hasta ese momento, Samantha había tenido un día normal como cualquier otro, hasta que escuchó: ¡Plum!. La policía tumba la puerta de su casa, la someten rápidamente, aplastando su rostro contra el piso y colocándole las esposas sobre su espalda. Luego, todavía sin entender que pasa, la llevan fuera de su hogar y de ahí a la estación policial. “Estoy muy orgulloso -señala uno de los policías-. Así es como se debe tratar uno de los crímenes más abominables, el asesinato de niños inocentes”. Se refieren a un caso de aborto.

Antes de que me empiecen a enumerar un listado de falacias lógicas, ese breve relato puede que sea algo crudo y exagerado, pero no está fuera de la realidad. Cuando se penaliza una determinada acción, dicha acción queda sujeta a castigos corporales y al uso de la “violencia legítima” por parte del Estado. Sin embargo, de alguna manera, los defensores de la vida no encuentran la contradicción en utilizar la violencia y las amenazas de la maquinaria estatal en contra de una vida para defender la vida.

Recientemente, en la Argentina, no vio luces una ley que despenalizaba el aborto hasta las 14 semanas. Es decir, prevaleció la idea del uso de la violencia y las amenazas del Estado como solución de problemas. Quizás quienes somos feministas no vemos el aborto como un problema, pero el hecho es que los “provida” sí, lo cual viene a demostrar la poca creatividad de estos grupos en abordar soluciones que no impliquen el uso de la violencia del Estado.

Pero ojalá se tratara únicamente de los grupos antiabortistas, la mayoría de los grandes problemas sociales tendemos a solucionarlos con violencia. ¿Criminalidad? Policía. ¿Tráfico de drogas? Policía y jueces. ¿Contrabando en la frontera? Policía, militares y jueces. ¿Personas manifestando por sus derechos? Policía, militares, jueces y superhéroes. Y así sucesivamente, existe la creencia de que la “ley y el orden” tiene la solución a todos nuestros problemas, aun cuando nunca los han solucionado y, en la mayoría de los casos, los empeoran.

De esa manera, no estaría mal aprender de algunas ideas creativas para solucionar problemas sociales que no impliquen al sistema de justicia penal y sus dolorosos derivados.

Por ejemplo, cuando se habla de criminalidad y violencia, se suele asumir que es un comportamiento innato e inmutable y que quienes caen en ella no pueden alcanzar la redención. Así que, lo normal es solucionar este mal en el sistema judicial a través del endurecimiento de las penas. Pero ello ha probado ser poco efectivo, así que muchas ciudades del mundo han adoptado en los últimos años una novedosa forma de abordar esta problemática: viéndola como un problema de salud pública. Es decir, atacar el problema de raíz antes de que surja: prevenir la enfermedad en lugar de actuar cuando ella aparece.

Para combatir enfermedades contagiosas se depende mucho de la información. Primero, las autoridades de salud localizan en mapas los focos de mayor infección y después ya pueden centrarse en frenar el contagio a otras áreas. A menudo, la transmisión se controla haciendo que la gente cambie sus hábitos para que se pueda ver un efecto rápido incluso cuando existen factores estructurales que no pueden ser abordados. Por ejemplo, la diarrea suele estar causada mayormente por un saneamiento y suministro de agua deficientes. Mejorar los sistemas de cañerías demora mucho tiempo, pero, a corto plazo, se puede salvar miles de vidas si se le da a la población soluciones de rehidratación oral.

Esto se puso en práctica en la ciudad de Chicago, una ciudad que hace algunos años tenía altos índices de violencia y homicidios. Al respecto, el epidemiólogo estadounidense Gary Slutkin, quien trabajó en diferentes campos de refugiados somalíes, al regresar a su ciudad natal, vio que se encontraba plagada de violencia, y pensó que se podía aplicar la misma metodología utilizada durante su trabajo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Recopiló mapas y datos de violencia armada en su ciudad y vio cómo los paralelismos con los mapas de los brotes infecciosos se hacían inevitables. Notó que un evento daba a pie a otro, lo que es indicativo de un proceso contagioso. Una gripe genera más gripe, un resfriado causa más resfriados y la violencia provoca más violencia. Así, en el año 2000, lanzó un proyecto piloto en el vecindario de West Garfield que replicaba los mismos pasos que la OMS aplica a los brotes de cólera, tuberculosis y sida: frenar la transmisión, prevenir un contagio futuro y cambiar las normas del grupo.

¿Cómo lo hacía? En su trabajo con brotes de enfermedades, utilizó personal de divulgación pertenecientes al mismo colectivo del público objetivo. Refugiados somalíes para llegar a refugiados somalíes con tuberculosis o cólera, trabajadores sexuales para llegar a trabajadores sexuales con sida, madres para llegar a madres con diarrea que estuvieran amamantando. Es decir, para reducir la delincuencia utilizó a ex-delincuentes que transmitieran un mensaje anti-violencia.

Durante el primer año se registró una caída del 67% en los homicidios. El programa se replicó en otras ciudades y, donde sea que se aplicara, los homicidios caían al menos en un 40%. En la actualidad, la organización de Slutkin, Curar la Violencia, trabaja en 13 vecindarios de Chicago. Existen versiones del programa en Nueva York, Baltimore y Los Ángeles y en otras ciudades del mundo[1].

Se suele creer que el criminal es una persona mala y que la única manera de lidiar con ellos es a través del castigo, pero ese pensamiento evidencia la poca comprensión del ser humano. La conducta se forma con el ejemplo y la imitación, no mediante amenazas y castigos.

Ahora bien, la pregunta es obvia: ¿Por qué debemos recurrir a la violencia para solucionar nuestros problemas? Si rechazas el aborto, lo más humano y sensato que se puede hacer es generar campañas o políticas que inciten a las mujeres a continuar su embarazo. Si rechazas el uso de las drogas, realizar campañas que muestren las graves consecuencias que ellas pueden ocasionar (Tan graves como el cigarro y el alcohol, pero que no son ilegales. De hecho, la prohibición del alcohol durante los años ‘20 en los EE.UU., incitó el crimen organizado, el tráfico de alcohol y generó una ola de violencia en las grandes ciudades del país, que sólo acabaron cuando acabó la prohibición[2]). Si queremos eliminar la delincuencia definitivamente, se deben atacar las causas estructurales de ella: la desigualdad social.

Y ese irónico intento de corregir la maldad con más maldad, tampoco está limitada al castigo a quienes vemos como criminales, como bien lo demostraría Michel Foucault en “Vigilar y Castigar”, sino también ello se puede notar en el ámbito laboral, familiar y educativo: los castigos se ven en todas partes, siendo quizás el primero que sentimos como seres humanos con los castigos de papá y mamá. De hecho, todavía hay quienes apoyan los castigos corpóreos para corregir la conducta de los niños. Sin embargo, como en los casos anteriores, dichos castigos no suelen ser efectivos, en el sentido de que los niños suelen incurrir en las mismas acciones que habían sido castigadas, pero ocultándolas mejor para que los padres no se enteren. Así, la amenaza y el castigo, en lugar de corregir, empeora la situación. Vale la pena recordar otra vez a Foucault, quien señaló que: “Las prisiones no disminuyen la tasa de la criminalidad: se puede muy bien extenderlas, multiplicarlas o transformarlas, y la cantidad de crímenes y de criminales se mantiene estable o, lo que es peor, aumenta”.

El dicho popular “A Dios rogando y con el mazo dando” resulta perfecto para resumir todo lo anterior: la doble moral de aquellas personas que siendo muy beatas hacen lo contrario de lo que predican, como querer defender la vida atacando la vida. Busquemos otros caminos para influir en los demás y mejorar la convivencia social.

Notas:
  1. BBC Mundo. “El sorprendente método para combatir la ‘epidemia de violencia’ en los barrios marginales de Chicago, una de las ciudades más violentas de Estados Unidos”. Disponible por: https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-45008407
  2. Wikipedia. “Ley seca en los Estados Unidos”. Disponible por: https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_seca_en_los_Estados_Unidos

25 de agosto de 2018

La gasolina no es un derecho

Es obligación de los gobiernos ofrecer energía y transporte, lo cual no se traduce en gasolina barata. Un ejemplo de transporte sin combustible fósil que ofreció el Estado venezolano es el extinto tranvía de Caracas.
Parece obvio, pero no lo es, al menos no en Venezuela. La gasolina no se puede comer ni se puede tomar. No se le puede echar al café y tampoco sirve para amasar la harina de maíz. O quizás sí se puede, pero no sin afectar algo que sí es un derecho: la salud.

No es primera vez que una sociedad siente como derecho algo que no lo es. En la sociedad estadounidense actual, las armas son consideradas por muchos como un derecho, como lo señala la segunda enmienda a la Constitución estadounidense, aprobada hace más de 200 años. En otros tiempos, la posibilidad de tener esclavos era también un derecho que gozaban algunos propietarios; y la posibilidad de apedrear a muerte a una hija por deshonrar el nombre de la familia era un derecho del padre. Así, desde tiempos antiguos hasta el presente, tenemos la mala tendencia a calificarlo todo como un derecho.

Entonces, ¿Qué es un derecho? De manera muy genérica, se define como derecho humano los "que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir"[1], es decir, son todas aquellas condiciones que nos permiten nuestra realización como seres humanos. De ahí surge el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho de acceso a la justicia y muchos otros derechos.

Los gobiernos venezolanos, desde hace 30 años, han venido siguiendo una política donde se considera a la gasolina como un derecho humano, algo que el Estado debe garantizar. Sin embargo, lo que en realidad el Estado debe garantizar es el transporte y la energía, y la gasolina barata no es el único modo de lograrlo. Como anécdota, en la ciudad de Caracas, antes de que proliferase la explotación petrolera (finales del siglo XIX y principios del XX), existía un muy simpático tranvía que recorría algunos sectores de la ciudad. Al aumentar las influencias de las compañías petroleras en el país, éstas promovieron el uso de los transportes a motor a combustión por encima de los tranvías. Y así, hasta que finalmente se dejó de usar el tranvía a mediados del siglo XX. Así fue como murió un medio de transporte no basado en combustible fósil.

Desde entonces, en Venezuela no se ha dejado de promover el uso de vehículos particulares por encima del transporte público, ni por la cultura de antaño que nos han impuesto ni tampoco como parte de las políticas de los gobiernos subsiguientes. El sólo hecho de vender una gasolina tan barata implica promover, aunque sea implícitamente, el uso de vehículos particulares, lo que no sólo trae consecuencias para el ambiente, sino también empeora los problemas de tránsito en las calles. De hecho, en Venezuela existe el absurdo de que un trabajador que utiliza el transporte público debe gastar más dinero en pasaje al mes que aquel debe comprar gasolina para su auto particular.

En Venezuela, el aumento del precio de la gasolina es un tabú, un asunto que se había evitado a como dé lugar, teniendo en consideración el fantasma del Caracazo. Sin duda, el aumento de la gasolina repercute en todos los costos de bienes y servicios, ya que encarece el transporte y la energía, y por consiguiente en todo. Desde ahí, la izquierda se arrojó para sí misma la bandera de la gasolina barata como un derecho de los venezolanos.

Pero, de otro lado, no es menos cierto que la gasolina barata implica menos dinero para las arcas del Estado venezolano, lo que su vez incide en la posibilidad de mejorar los servicios públicos, entre los cuales están -paradójicamente- la energía y el transporte público; o peor aún, que la gasolina barata es también un subsidio para quienes tienen un alto poder adquisitivo, ya que son quienes se pueden dar el lujo de tener vehículos y gastar grandes cantidades de energía (Los menos afortunados usamos el transporte público y no gastamos mucho en electricidad). De esa manera, si debiera existir un subsidio en la gasolina, sólo debería ser para el transporte de bienes y pasajeros, no para los particulares.

En otros países, el alto costo de barril del petróleo y de la gasolina, llevó a la utilización de otros medios de transporte, desde motocicletas (que consumen menos gasolina) hasta bicicletas. El caso de las bicicletas es ejemplar en Holanda, considerado el paraíso de las bicicletas, las cuales además de ser buenas para la salud, representan una solución para el tráfico vehicular y una menor contaminación ambiental. Incluso, muchos países europeos, en el especial los países nórdicos, disponen de altos impuestos al consumo de gasolina, ello con la finalidad de castigar el uso del combustible fósil, de promover el sistema de transporte público, de incentivar la conservación ambiental y para financiar diferentes programas sociales[2].

El uso del carnet de la patria es, sin duda, una medida populista para satisfacer a aquellos que aún están convencidos de que la gasolina barata es un derecho de los venezolanos. Sin embargo, es una política acertada siempre y cuando dicho subsidio vaya destinado principalmente al transporte de bienes y pasajeros, evitando con ello la incidencia en los costos de los bienes y servicios.

Y así como no existe un derecho a comprar oro y diamantes a precios solidarios, que también se consiguen en el subsuelo venezolano, no se puede hablar de violar un derecho cuando se vende la gasolina a precio internacional. Es decir, debe tatuarse en el imaginario colectivo del venezolano que la gasolina es un artículo de lujo, y que ello no representa una amenaza, sino más bien una oportunidad para impulsar otras medidas creativas que favorezcan el acceso el acceso a la energía y el transporte para todos los venezolanos, desde nuevos medios de transporte a otras formas de energía alternativa.

Notas:
  1. Amnistía Internacional. "¿Qué son los derechos humanos?". Disponible por: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/
  2. Motorpasión. "Si crees que España tiene impuestos duros por tener un coche, mira lo que está pasando en Europa". Disponible por: https://www.motorpasion.com/espaciotoyota/si-crees-que-espana-tiene-impuestos-duros-por-tener-un-coche-mira-lo-que-esta-pasando-en-europa

6 de agosto de 2018

¿Bolívar anclado al petro?

Imagen por Aleksey Ivanov / stock.adobe.com
El pasado 25 de julio el presidente Nicolás Maduro dictó -por fin- nuevas medidas económicas, muy diferentes a las ya implementadas, y quizás demasiado innovadoras para el gusto de mucha gente.

La medida que generó más confusión, y que fue menos llamativa mediáticamente, fue la expresión "bolívar anclado al petro", lo cual indica que se empezará a implementar una política cambiaria denominada "Caja de conversión". Ahora bien, ¿Qué es eso?

En palabras simples, consiste en igualar la moneda con otra moneda, en este caso el Petro (moneda virtual basada en el valor de commodities como el oro y el petróleo). Por ejemplo, eso quiere decir que un bolívar debera ser equivalente a un petro, que a su vez equivale -aproximadamente-, a 50 dólares. De una manera más gráfica: Bs.S 1 = 1 petro = US$50. Es como un regreso al patrón oro, pero con un intermediario virtual como el petro.

En cierta manera, la caja de conversión es una especie de dolarización, sólo que la moneda extranjera no será de curso legal, pero ella debería ser fácilmente transable. Es decir, si el bolívar equivale a un dólar, yo puedo exigir al Estado, en cualquier momento, el cambio de ese bolívar por un dólar.

¿Qué todo implica eso?

1) La muerte anunciada del control de cambio: En una caja de conversión el control cambiario que existe desde el año 2003 deberá ser eliminado, porque sencillamente carecería de sentido.

2) En teoría, la inflación deberá caer a cero: se asumen de manera automática los precios internacionales. Si la harina pan en Colombia cuesta US$ 1, entonces, de manera oficial -y no de acuerdo al mercado negro-, el precio en bolívares deberá ser equivalente a 1 dólar. Ello hace muy difícil una elevada inflación.

3) Ajuste de los sueldos a la nueva moneda: ésto no se ha explicado, pero es evidente que los sueldos deberán ser ajustados al nuevo valor de moneda. No se puede mantener el sueldo mínimo actual (Bs. 3.000.000),  porque su equivalente en petro sería irrisorio. Irónicamente, el equipo económico del ex-candidato presidencial Henry Falcón, propuso la implementación, en una primera fase, de una caja de conversión, en la que se fije el salario mínimo en US$ 75 [1]. A la fecha en la que se escriben estas palabras, el equipo económico del gobierno no ha proporcionado detalles a este respecto.

3) Un gran cambio desde el punto de vista político: Basta decir que la caja de conversión era una de las propuestas de CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico) [2], una ONG parte del eje del mal del neoliberalismo, para comprender el gran cambio desde el punto de vista político que hace el gobierno nacional.

¿Incógnitas? Muchas

El gran problema es que anclar una moneda a otra que sólo existe virtualmente (el petro), que en teoría está respaldada en reservas de petróleo que no han sido ni siquiera extraídos del subsuelo, no goza de plena confianza. ¿Cómo va a pagar el Estado unos petros que están bajo de la tierra? De hecho, serían necesario miles de millones de dólares para sacarlos del subsuelo, y el país no cuenta con esos recursos para hacerlo. ¿Por qué no utilizar otras monedas reconocidas internacionalmente? Quizás, sencillamente, porque no hay suficientes divisas.

Otro problema es que no se conoce con exactitud el valor del petro, el cual supuestamente tiene el mismo valor que un barril de petróleo. A su vez, no se tiene conocimiento de la tasa a la que será calculado el petro en relación al bolívar vigente. Actualmente, hay dos precios de referencia en el DICOM: 1) una tasa ordinaria por un valor de Bs. 201.363,84 por dólar (a la fecha a la que se escribieron estas palabras); 2) otra tasa para cambio de remesas que equivale a Bs 2.900.000 por dólar [3]. Sin embargo, hay una tasa de referencia en el mercado negro que se ubica en alrededor de Bs 3.500.000 por dólar. Ello hace bastante confuso hacer los cálculos por los cuales serán cambiados los bolívares vigentes por los nuevos bolívares.

¿Cuántos petros serán emitidos para la economía venezolana? El whitepaper del petro señala que son "ochenta y dos millones cuatrocientas mil (82.400.000) unidades (de petro) disponibles para la venta" [4], lo cual equivale  a 4.120 millones de dólares (teniendo como base un barril a US$50). Eso no es ni siquiera la mitad de las reservas internacionales, las cuales para el 8 de junio tenían un saldo de 8.870 millones de dólares [5], las cuales son las más bajas desde 1994. Es decir, que no parece que se puedan emitir suficientes petros para financiar todos los bolívares que serán utilizados en la economía venezolana.

Aunado a ésto, es difícil que el petro tenga algún tipo de aceptación internacional, teniendo en consideración que EE.UU., en marzo de este año, emitió una orden ejecutiva que restringe "todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras negociaciones en Estados Unidos, por un estadounidense o dentro del país, de cualquier moneda digital o ficha digital, emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela" [6].

Hay otros problemas de tipo "soberano", que tiene su origen en el petro, que va a estar respaldado por los recursos naturales en el subsuelo. Y es que ello significa hipotecar los recursos naturales del país. De hecho, el petro no guarda muchas diferencias a un bono de la deuda soberana, con la gran diferencia de que las mismas serán pagadas con un pedazo del subsuelo venezolano, lo cual es claramente inconstitucional y viola la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Como dije al principio, Maduro está aplicando una medida que es -sin exagerar-, demasiado novedosa. Es difícil predecir si, realmente, el anclaje del Bolívar al petro tendrá los beneficios que deberían venir con una caja de conversión. Quizás sí funciona, quizás no. Ya la mayoría de los economistas de oposición se decantan por la segunda, pero hay que reconocer que es un paso grande, una medida totalmente diferente a las tomadas previamente, rompiendo por fin con la definición de locura de Einstein. De lo que sí estoy seguro es que los venezolanos demandamos la estabilidad y el crecimiento de la economía.

Imagen por nattanan23 / Pixabay
Notas:
  1. "Rodríguez plantea salario mínimo de $75 como punto de partida para la dolarización". Disponible por: http://www.eluniversal.com/economia/4820/rodriguez-plantea-salario-minimo-como-punto-partida-para-dolarizacion
  2. "Dolarización o caja de conversión: únicas soluciones para la inflación en Venezuela". Disponible por: https://www.elcato.org/dolarizacion-o-caja-de-conversion-unicas-soluciones-para-la-inflacion-en-venezuela
  3. "Tasa para cambio de remesas sube a Bs 2.900.000". Disponible por: http://www.eluniversal.com/economia/15933/tasa-para-cambio-de-remesas-sube-a-bs-2900000
  4. Whitepaper del Petro. Disponible por: www.elpetro.gob.ve/pdf/esp/Whitepaper_Petro_es.pdf
  5. "Reservas internacionales de Venezuela se ubican en $8.870 millones". Disponible por: https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Reservas-internacionales-de-Venezuela-se-ubican-en-8.870-millones-20180611-0075.html
  6. "EE.UU. emite sanciones contra la criptomoneda Petro". Disponible por: https://www.telesurtv.net/news/eeuu-trump-prohibe-transacciones-criptomoneda-petro-20180319-0026.html
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